Barcelona será la primera ciudad del Estado español que impone una cláusula de contratación que pone límites a las empresas que funcionan en paraísos fiscales.
Algunas de las principales empresas españolas tendrán mucho más difícil optar a los contratos públicos municipales que promueva el Ayuntamiento de Barcelona si sale adelante la propuesta que ha anunciado hoy la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.
Colau ha publicado en Twitter una propuesta de resolución fechada ayer, 19 de mayo, y firmada por ella y el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala i Roqueta. "Las empresas tendrán que elegir entre Barcelona o Panamá", ha dicho Gerard Pisarello, primer teniente de alcalde y concejal encargado del área de Trabajo, Economía y Planificación.
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