Con un 10% de la población en situación de pobreza energética, y frente a la inacción del Gobierno, varias comunidades y entidades sociales tratan de que se regule, garantice y cumpla el derecho a disponer de unos suministros básicos garantizados
Una de cada diez personas en el Estado español no puede pagar la calefacción de su hogar. Desde 2008, el número de personas que tienen problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado en un 79%, pasando del 5,9% de la población en ese año hasta el 10,6% en 2015, último dato aportado por el INE.
“Este ámbito de protección que han creado algunas comunidades autónomas es la respuesta a la pasividad o ignorancia del problema por parte del Gobierno central”, señala José Luis López. “Las comunidades autónomas se han lanzado a crear un marco legal que, sobre todo, actúa para impedir el corte del suministro de luz o gas a familias vulnerables y no queden así en una situación de desprotección con riesgo para su salud”, continúa.
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