Las altisonantes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, han puesto el foco de la opinión pública sobre las migraciones internacionales. Sus amenazas de construir un muro que separe México de Estados Unidos, deportar más de dos millones de inmigrantes y perseguir activamente indocumentados en el territorio estadounidense han generado en América Latina y el Caribe reacciones negativas, si no unánimes, al menos numerosas.
México enfrenta el mayor desafío de su historia reciente al prepararse a recibir a los miles de deportados que Donald Trump amenaza expulsar de su país. Al mismo tiempo, se estima que los flujos de migración que por décadas han transitado por el país con la intención malograda de llegar al país del norte probablemente permanecerán en México de manera indefinida, lo que requiere de una respuesta humanitaria urgente y de integración en corto plazo.
El alineamiento de los países de la región con esta agenda explica en buena medida su comunión en torno de las políticas y medidas que atañen a la migración. Las medidas gubernamentales que han ganado terreno en la región dan pie a un régimen de criminalización migratoria que habilita manifestaciones de xenofobia y racismo.
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