El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas emitió un informe el 7 de septiembre de 2017 en el que daba un plazo a España de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo.
Las preocupaciones de este Grupo de Trabajo coinciden con las insistentes reclamaciones de Amnistía Internacional, quien lleva más de una década exigiendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra civil y el franquismo. De los más de 114 000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces, y ya denunciados ante la Justicia española, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
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