La contienda electoral del próximo año se perfila como uno de los grandes desafíos para el proceso de cambio en Bolivia, principalmente si se tienen en cuenta las encuestas que muestran la fortaleza de Morales en los bastiones electorales del MAS y un incremento en la intención de voto por Carlos Mesa. De todos modos, la oposición aún no ha logrado articular un proyecto alternativo a una gestión cuyas cifras se traducen en la mejora de las condiciones de vida del pueblo boliviano.
El 21 de febrero de 2016 (21-F) el oficialismo sufrió una derrota en su intento de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar la candidatura de Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones de 2019. Luego de una feroz campaña mediática de la oposición centrada en cuestionamientos éticos y morales (corrupción, hijos no reconocidos, casos amorosos) basados en fakes news, el resultado del referéndum fue de 51% de los votos a favor de la negativa de realizar la modificación. Frente a ello, el MAS presentó un recurso contra cuatro artículos constitucionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que el artículo 256 de la CPE y el artículo 23 de la Convención Americana (Pacto de San José), abren el camino legal a la reelección como derecho humano, y el 28 de noviembre de 2017 dictó una sentencia constitucional autorizando el registro de la candidatura de Evo Morales (y de todas las autoridades nacionales y subnacionales) en las próximas elecciones.
A este cambio en el panorama electoral y que la oposición desconoce, se sumó la promulgación, el 1 de septiembre de 2018, de la Ley 1.096 de Organizaciones Políticas. Su objetivo es regular la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional.[2] En su artículo 29, la Ley establece la obligatoriedad para los partidos políticos o alianzas de realizar elecciones primarias, bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objeto de que los militantes elijan a sus candidatos a presidente y vicepresidente.
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