Después de un proceso electoral en el que el progresismo representó por primera vez en muchos años una opción política con un potencial electoral robusto y capaz de superar a las elites tradicionales, la guerra jurídica para sacar del camino al principal oponente de las elites, Gustavo Petro, vuelve a la carga.
El senador Petro, líder de la Colombia Humana, que cosechó más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones, se ha convertido en la principal piedra en el zapato para las elites políticas tradicionales. Desde su curul en el senado, es el liderazgo más visible de la oposición y ha adquirido relevancia en el marco de las protestas estudiantiles; se ha posicionado como principal oponente al aumento del IVA en la canasta familia –que trae consigo la Reforma Tributaria de Duque–; ha alzado su voz crítica contra los proyectos de transporte de la actual Alcaldía de Bogotá, haciendo énfasis en la responsabilidad de las empresas de las que dependen los proyectos; y sigue instando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y sindicatos a la participación en marchas, protestas y demandas colectivas[i], en contra de las más recientes decisiones de la administración del presidente Duque.
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