La indignación sobre el último fallo del Tribunal Supremo ha recorrido el Estado de punta a punta. 1,5 millones de contribuyentes podrían haber recuperado más de 3.000 millones de euros si, en una decisión que no tiene precedente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no hubiese revertido la ponencia de su propio magistrado Jesús Cudero, por la cual establecía que debe ser el banco quien tiene que hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que mañana el Consejo de Ministros aprobará la ley que obligará a la banca a pagar el controvertido impuesto no ha apaciguado a la sociedad, que mantiene las convocatorias.
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