La sociedad venezolana está, hoy, profundamente dividida y, en el actual escenario conflictivo, de crisis económica aguda, de violencia desencadenada e, incluso, de amenaza bélica, no cabe la imposición ejecutiva de ninguna de las partes sobre la otra.
Este escrito va a estar lleno de peros. Como suele suceder en cualquier asunto polémico y mediático, la gran mayoría tiene una opinión y una postura con respecto a la crisis de Venezuela: simpatiza con una de las partes en liza y hace suyas sus razones, así como se indigna y escandaliza con las sinrazones de la otra parte. Sin embargo —desengáñense—, esta realidad —como la mayoría de las que se le asemejan— incluye muchos datos y es más compleja de lo que se presume.
En todo caso, que ponga objeciones a unos y a otros, no ha de hacer pensar que busco la neutralidad o la equidistancia. Siquiera por razones emocionales, cuando no de memoria histórica, he de decir que la oposición antichavista, cuya dirigencia relaciono con los clasistas y arrogantes sectores pudientes venezolanos que tradicionalmente han sido irresponsables y parasitarios dueños del país, despierta, en general, mi antipatía.
Me caben pocas dudas de que, tras las reacciones a la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó, más que el compromiso con la democracia o con la libertad que aquí —a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial— se dice pretender, hay importantes intereses económicos en liza. ¿Qué decir del petróleo y el oro? ¿O de la pugna geoestratégica entre potencias viejas y nuevas? ¿Qué razones exactas y concretas mueven a los dirigentes de tantos países a reconocer al nuevo presidente? ¿En qué se concretan esas “presiones” que, por ejemplo, se dice que el propio Gobierno español ha recibido? ¿Hablamos de intercambio de favores? ¿De números en cuentas bancarias, tal vez? ¿A cuánto está el precio por sumarse al derrocamiento de un gobierno?
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