La aceptación de la injerencia judicial demuestra la incapacidad y negativa de los sectores de poder de estos dos países para constituir institucionalidad propia.
2 JUNIO, 2019
Los poderes judiciales en Guatemala y Colombia están expuestos a un estrés externo de grandes proporciones, como quedó demostrado con el choque de poderes en el “Caso Santrich”[i], y con la exclusión de la carrera presidencial, en Guatemala, de la exfiscal general Thelma Aldana, en medio de un intenso debate sobre la Justicia y la impunidad[ii]. Con diferencias y similitudes, ambos países han cedido elementos centrales de su soberanía, en uno de los ejes sustanciales de ésta, como la Justicia. Este asunto constituye un verdadero dilema con repercusiones para el análisis político, no sólo jurídico. Existen evidencias de que en ambos países la administración de justicia está expuesta a presiones de mafias, grupos paraestatales y sectores de poder con rasgos antidemocráticos, que operan de distintas maneras para sostener privilegios legales en procura de mantener y ampliar su influencia en las decisiones del Estado.
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