Las fracturas sociales siguen presentes en Costa Rica. El 2018 estuvo marcado por la polarización social provocada por unas elecciones nacionales que dividieron a la población entre defensores (as) de derechos humanos y quienes denunciaban el avance de la presunta “ideología de género”. De ellas resultó vencedor el Partido Acción Ciudadana (PAC) y, con ellos, la propuesta de reivindicación de los derechos humanos y del Estado de Derecho. A partir del 8 de mayo de 2018, Carlos Alvarado Quesada se transformó en el presidente de Costa Rica, sucediendo a Luis Guillermo Ortiz, también del mismo partido. Pero la reivindicación de los derechos humanos no fue suficiente frente a la profundización de la agenda neoliberal desarrollada por el partido oficialista. De alguna manera, esta agenda promovió la polarización y el propio PAC intenta, por ahora, hacer uso de ella para fortalecer su base de apoyo electoral.
En 2019, tras tres meses de huelga y la aprobación de Combo Fiscal en diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley que pretende prohibir las manifestaciones públicas como freno a la capacidad organizativa del sector público y otros gremios. Así, la “Ley Antihuelgas”[i] provocó un llamado a huelga intermitente a principios del mes de junio del presente año. Dicho llamado ha ido ganando terreno en otros sectores, siendo el movimiento estudiantil de secundaria el que mayor alcance mediático obtuvo, debido a sus supuestas vinculaciones con el sector neopentecostal fundamentalista. Tales acusaciones le valieron al PAC alzar nuevamente la bandera de los derechos humanos y confrontar a la población entre sí.
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