En los últimos tiempos, se convirtió en un lugar común y en una frase elaborada asumir que el principal problema público de una sociedad subdesarrollada como la mexicana es la corrupción. Sin embargo, identificar y explicar las causalidades de las problemáticas sociales amerita esfuerzos que, con mucho, se distancien de los reduccionismos adoptados en los discursos de las élites políticas que tienden a invisibilizar la lógica y contradicciones profundas de los procesos.
El proceso electoral de 2017/2018 fue signado por el masivo hartazgo de amplios y diversos sectores de la población en torno a una élite tecnocrática rentista y depredadora de las instituciones públicas, que –a lo largo de 36 años– desplegó un ejercicio patrimonialista de lo público, e hizo de la corrupción y la impunidad el sello de su proceder. Traduciéndose ello en la manera en que México experimentó el malestar en la política y con la política. Resultado de ese malestar, la élite política triunfadora condensó una coalición que lo mismo integró a los poderes fácticos tradicionales que a una clase empresarial e intelectual desplazada durante las últimas décadas de los beneficios del patrón de acumulación rentista. Y justo fue el eventual combate a la corrupción lo que creó las condiciones que tornó creíble el discurso de cambio y alternancia del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, procurar posibles soluciones ante los problemas públicos y demás flagelos sociales relacionados con la praxis política, implica realizar diagnósticos acertados sobre ello, pero –sobre todo– amerita evitar los reduccionismos en que incurren las élites políticas y comprender las causas estructurales que radican en la (i)lógica de un patrón de producción y consumo fundamentado en el interés privado y la perpetuación de la desigualdad. Las transformaciones que México necesita solo serán viables si son trastocadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación excluyentes. El combate a la corrupción es un paso necesario, pero no suficiente, y si se recurre a ese expediente, resulta urgente hurgar en las transacciones –legales e ilegales– de la clase empresarial y bancario/financiera, beneficiaria de la privatización del Estado. Sin un robustecimiento de la vida pública y la cultura ciudadana, esas mínimas transformaciones necesarias serían prácticamente imposibles.
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Sin embargo, procurar posibles soluciones ante los problemas públicos y demás flagelos sociales relacionados con la praxis política, implica realizar diagnósticos acertados sobre ello, pero –sobre todo– amerita evitar los reduccionismos en que incurren las élites políticas y comprender las causas estructurales que radican en la (i)lógica de un patrón de producción y consumo fundamentado en el interés privado y la perpetuación de la desigualdad. Las transformaciones que México necesita solo serán viables si son trastocadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación excluyentes. El combate a la corrupción es un paso necesario, pero no suficiente, y si se recurre a ese expediente, resulta urgente hurgar en las transacciones –legales e ilegales– de la clase empresarial y bancario/financiera, beneficiaria de la privatización del Estado. Sin un robustecimiento de la vida pública y la cultura ciudadana, esas mínimas transformaciones necesarias serían prácticamente imposibles.
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