En las últimas semanas hemos podido leer noticias que contrastaban, por un lado, el número de muertes en las residencias de gente mayor en el Estado español -más de 19.000 personas desde que inició la pandemia del covid-19-, con la demanda de compensación de costes “sobrevenidos e imprevisibles” que alegan han tenido que afrontar las empresas que las gestionan para el cuidado de las personas. Ha sido el caso de Clece, empresa que administra más de 30 residencias y que ha solicitado el resarcimiento económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas donde exponen haber tenido gastos “imprevistos”, por valor de 7,2 millones de euros, y el haber perdido usuarias por los fallecimientos, lo que implica el no tener los beneficios esperados.
Paralelamente, hemos sabido que en la comunidad de Madrid, se han otorgado a esta empresa en el contexto de crisis sanitaria cerca de 7 millones de euros en contratos por la vía de emergencia. Principalmente, las licitaciones corresponden a servicios de limpieza de 32 hoteles dispuestos por el Gobierno regional para alojar personal sanitario y personas enfermas de covid-19, que suman un importe total de 2,7 millones. No parece que esté tan agravada la situación para la empresa en relación a servicios de necesidad en la pandemia cuando acepta nuevos contratos relacionados con su gestión, mientras pide compensaciones económicas por otros. Y esto es así porque Clece sigue haciendo negocio en el actual contexto. Porque la lógica corporativa del lucro no se detiene en contextos de emergencia, y las vidas son solo contabilizadas en relación a los ingresos.
La pandemia covid-19 ha puesto de manifiesto -con más fuerza si cabe- lo que la economía feminista viene denunciado desde hace mucho tiempo, que son la invisibilización de los trabajos esenciales para el sostenimiento de la vida, y la profunda crisis de cuidados y mercantilización de la vida existente.
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