17 de noviembre de 2018: tras un llamamiento en las redes sociales miles de personas se movilizaron en todo el país en contra de un nuevo impuesto sobre el combustible que dio lugar a un descenso de los ingresos de millones de personas ya afectadas por una política salarial y fiscal que beneficiaba a los más ricos. Estos hombres y mujeres decidieron enfundarse el chaleco amarillo que era obligatorio llevar en los vehículos. Este es el origen del movimiento de los “chalecos amarillos”, un movimiento social inédito, inesperado y sorprendente. Nadie anticipaba un movimiento respuesta de tal magnitud y duración, un movimiento radical y que desemboca en la lucha contra el orden neoliberal y capitalista. Un movimiento que, a su paso, ha cosechado algunos logros, ciertamente insuficientes, pero reales. Un movimiento que no se ha visto desestabilizado por el «gran debate» lanzado por Macron.
En las barricadas (2), constituidas a partir de mediados de noviembre, no solo se habla del precio de la gasolina o de los impuestos: se reivindica también el aumento de los salarios, las pensiones y los mínimos sociales, se denuncian las desigualdades, se critica el escandaloso reparto de la riqueza y los privilegios de aquellos y aquellas que explotan el trabajo del prójimo. Se articulan debates en torno al transporte público, su mejora, la posibilidad de que sean gratuitos. También sobre el mantenimiento y la creación de servicios públicos. Se debate, incluso, sobre el papel que desempeñan los impuestos, el saqueo de las arcas públicas perpetrado por la clase más rica gracias al fraude fiscal, a la supresión del impuesto sobre las fortunas…
La violencia en alguna de las manifestaciones ha suscitado numerosos comentarios. Sí, ha habido violencia inútil, pero no se pueden equiparar con la violencia del Estado, especialmente importante desde mediados de noviembre. Además, ¿qué es la violencia? ¿Escaparates hecho añicos, barricadas en las calles o miles de personas tiritando de frío o sufriendo el hambre en esta supuesta «normalidad»? La violencia más cruda, la que se ha convertido en sistémica, la que se ejerce de forma calculada, es la violencia del estado. Las personas que han resultado mutiladas y heridas graves y las detenciones violentas y arbitrarias ya se cuentan por miles. Tal y como ocurrió después de mayo del 68, la burguesía proclama una ley «anti-vándalos» que permite criminalizar toda resistencia, manifestación o desobediencia. Debe imperar el orden (su orden) a cualquier precio. Más allá de los círculos de militantes, muchos chalecos amarillos lo llevan comprobando desde hace seis meses.
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