Un cerco de amenazas y presiones se cierne sobre los militares colombianos que están denunciando los falsos positivos y actos de corrupción en el Ejército: los quieren acallar y surge una interrogante: ¿qué información tienen?
El 18 de mayo, el diario estadounidense The New York Times, publicó en su primera página de la edición dominical, un reportaje en el cual denunció la existencia de formatos y órdenes emitidas por el actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en los cuales exigía a sus hombres duplicar todos los resultados, variables que incluían capturas y desmovilizaciones, y se pedía duplicar el número de bajas.
Para muchos esas directrices podrían revivir la macabra práctica que terminó con el asesinato de más de 3.700 jóvenes inocentes, en su mayoría campesinos, que hace una década fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, confirmó que entre enero de 2016 a abril de 2019, han sido asesinados 479 líderes sociales en todo el país y 982 recibieron amenazas entre abril del 2018 y abril de 2019. En las zonas con mayores índices de asesinatos y amenazas existen disputas entre actores ilegales protegidos por militares y paramilitares, por el control de las economías ilegales como la extracción ilegal del oro y el narcotráfico.
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