Una de las certezas en las que nos movemos el amplio rango de organizaciones, asociaciones, partidos políticos y ciudadanos que rechazamos las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, es que este paquete forma parte del conjunto de reformas que conducen al desmantelamiento del Estado Social (derechos laborales, sanidad y educación pública y de calidad, prestaciones de desempleo, etc.)y de los niveles de protección social y ambiental del marco legal vigente. Las protestas y la indignación por los recortes y la precarización a muchos niveles genera, para el Gobierno del Partido Popular, un conflicto de orden público que hay que gestionar adecuadamente. El Gobierno no puede seguir sus reformas sin recortar los derechos fundamentales.
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