El pasado 20 de noviembre se dio en España una paradoja absurda y cruel, pero muy elocuente. Pasado el mediodía, un avión despegaba de Barajas con destino Dakar. Era un vuelo de deportación en el que eran expulsados de suelo español algunas decenas de ciudadanos senegaleses. Seguramente una parte de ellos eran antiguos pescadores a los que las redes vacías habían empujado a buscar mejor suerte en otra orilla del mismo océano. El mismo día 20, algunos diarios informaban del acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Senegal por el que se permite a 38 buques europeos faenar en las aguas del país africano durante 5 años a cambio de 13.960.000 euros. (un 62,5% a cargo de la UE y el resto pagado por los armadores). 25 de esos barcos son españoles. Nuestro país niega los papeles a pescadores africanos, pero nadie se queja cuando abre una lata de atún.
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