El código afirma que “no se opone a la ética y por el contrario puede venir exigido por la justicia establecer gastos de representación y remuneraciones adecuadas para determinados cargos públicos y de partidos y grupos políticos”. Señala también que “es conforme a la ética proporcionar bienes y medios materiales públicos tales como viviendas, transporte, residencia veraniega, facilidades de comunicación, etc” a las autoridades del país.
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