El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el 17 de febrero en el Congreso que había remitido al Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) a 705 de los 31.000 evasores acogidos a la amnistía fiscal como sospechosos de blanqueo de dinero, entre los que se encontraba, como sabemos ahora, Rodrigo Rato. De esa cifra, aproximadamente 300 son lo que se conoce como public exposed persons (PEP), es decir, personas que ocupan o han ocupado cargos públicos cuya retribución no justifica la tenencia de grandes fortunas ocultas a Hacienda. El resto son sospechosos de que el dinero regularizado provenía de actividades ilícitas.
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