Así, la formación ha registrado toda una batería de preguntas para la Comisión, que deberá responder por escrito a cuestiones sobre el peligro para la seguridad alimentaria, medioambiental o farmaceútica que supondría la eliminación de barreras comerciales que promueve el TiSA, o sobre la posibilidad de que Bruselas esté incumpliendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que estos acuerdos deben someterse a debate democrático. Eso no está ocurriendo en el caso del Trade In Services Agreement (TiSA), que hoy negocian cincuenta países, entre ellos tres paraísos fiscales, con Suiza y Panamá a la cabeza, y no está previsto que el telón del secreto se levante, al menos, hasta cinco años después de la aprobación del acuerdo, para el que no hay una fecha fija.
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