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Que el ministro de Defensa de España, Pedro Morenés, haya descartado una vez más la desclasificación de documentación oficial comprendida entre los años 1931 y 1968 del pasado siglo, me parece un atentado a la libertad de investigación histórica y, consecuentemente, una lesión grave a la memoria de cuantos creemos que sin ese conocimiento seguimos estando huérfanos del pasado que vivieron las generaciones precedentes, la de nuestros padres y nuestros abuelos.
Se trataría de rescatar para la historia en torno a diez mil carpetas y legajos, entre los que se encuentra buena parte de documentación sobre la Guerra de España y la primera etapa de la dictadura -la más rigurosa-, clasificada como secreta en virtud de la Ley de Secretos Oficiales adoptada, como no podía ser de otro modo, por la propia dictadura en 1968.
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