Es preciso asegurar que todas las personas tengan ingresos suficientes y garantías en políticas sociales que les permitan tener una vida digna. Entre estas iniciativas figuran el incremento del salario mínimo interprofesional y el establecimiento de una renta mínima para garantizar unos ingresos a las personas más vulnerables, trabajen o no.
Para financiar estas medidas propone recaudar más de los que más tienen y pide una Ley contra la evasión fiscal y una política fiscal que grave más las rentas del capital en lugar de las del trabajo y el consumo. El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros, el 72% de los cuales pertenece a grandes empresas y grandes fortunas. Esta cifra es mayor que todo el presupuesto de sanidad (57.000 millones) de nuestro país. De la misma manera, los países en desarrollo pierden cada año más de 100.000 millones por malas prácticas e incentivos fiscales a las empresas. Esta cantidad es cuatro veces superior a lo que se necesita para escolarizar a todos los niños del mundo.
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