La reparación efectiva de las víctimas del inveterado conflicto interno colombiano constituye aspecto fundamental de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc. Pero tal responsabilidad, a la luz del derecho internacional y de los acuerdos a que se han llegado en la mesa de negociación de La Habana, no solo debe recaer en los principales actores generadores de violencia en Colombia: el Estado, la guerrilla y las bandas paramilitares, sino que necesariamente tiene que ampliarse a terceros que son cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, como varias empresas transnacionales que se han aprovechado de la confrontación armada y del histórico debilitamiento institucional de este país andino para consolidar sus negocios corporativos vía fractura social y territorial.
La historia en Colombia se ha repetido como tragedia, pues al despuntar el siglo XXI, su clase dirigente como en la época de la matanza en la región bananera del Magdalena, ha continuado poniendo a órdenes del capital transnacional el aparato estatal y los recursos naturales del país con consecuencias humanitarias y medioambientales funestas en las comunidades y territorios, hasta el punto que se puede afirmar que varias empresas multinacionales han sido actores del conflicto interno, por lo general, apoyando bandas paramilitares que les han posibilitado ampliar su dominio económico y territorial, en lo que el geógrafo inglés David Harvey, ha denominado "acumulación por desposesión
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