El acceso al agua de la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, está estrictamente limitada por las políticas actuales del Gobierno israelí, afectando enormemente a sus vidas. El presente artículo analiza las principales causas de esta precaria situación hídrica, y explica los efectos que este limitado acceso al agua tiene sobre las vidas de las personas.
La distribución del acceso al agua entre Israel y Palestina se basa en unos términos esencialmente injustos. La denegación del derecho al agua de Palestina se ha convertido en un elemento permanente en el marco del Acuerdo provisional Oslo II, que concede a Israel el control sobre prácticamente todos los recursos hídricos compartidos, siendo sólo el 17% del acuífero de la Montaña la única fuente significativa de agua dulce para la población palestina de Cisjordania[1].
Así, se ha creado un régimen hídrico que perpetúa la discriminación en la gestión y asignación de este recurso entre Israel y Palestina. Además de controlar los recursos hídricos subterráneos comunes, Israel también ha denegado a Palestina el acceso al río Jordán (la otra fuente de agua dulce de Cisjordania) y prohibido la utilización de su agua desde la ocupación de Cisjordania en 1967.
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