La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.
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