La Cámara de Diputados de Brasil admitió hoy el pedido de juicio político contra Dilma Rousseff por incurrir en un presunto delito de responsabilidad, una acusación que, según la defensa de la Presidenta, carece de sustento legal.
Cuando aún faltaban por votar más de 30 de los 511 legisladores presentes en el plenario, la oposición logró conseguir los 342 apoyos necesarios para encaminar la solicitud al Senado, que será el encargado de decidir si abre o no el proceso de destitución.
El clima que se vivía hoy en la cámara baja era de temor y expectativa, mientras la palabra de orden era traición, reseñó la Agencia Brasil, que citó como ejemplo al Partido Progresista (PP), 11 de cuyos congresistas habían prometido votar contra el impeachment y a última hora cambiaron de opinión.
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