La declaración de los derechos universales de la ONU, está asumida e instituida por la mayor parte de las Constituciones de los países del mundo occidental. Las mismas declaran como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna.
La constatación que hacemos es que no existe la igualdad proclamada constitucionalmente: cientos de miles de personas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, han sido sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar y coexistir con un producto “asesino”, el AMIANTO.
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