Luego de cuatro años de trabajo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el Vaticano terminaron de organizar, catalogar y digitalizar sus archivos sobre la dictadura argentina. La culminación del trabajo fue anunciada en una conferencia de prensa en la sede episcopal de la calle Suipacha. Los obispos leyeron un documento conjunto emitido con la Santa Sede con la noticia de esa desclasificación reclamada por las víctimas y organismos de derechos humanos desde hace años.
Los documentos, que contienen cerca de 3.000 casos, no serán públicos. Sólo accederán familiares, víctimas y superiores para el caso de sacerdotes o religiosos, y también la justicia, como hasta ahora. Cuando los periodistas preguntaron si los documentos arrojan datos sobre la complicidad de la Iglesia argentina con la dictadura, el arzobispo José María Arancedo –titular de la CEA– dijo que no puede hablarse de complicidad sino que “tal vez la Iglesia no hizo todo lo que podría haber hecho” pero que en esos papeles seguramente aparecerán “más luces que sombras”. Los obispos dijeron que “no le tienen miedo a los archivos”. Se trata de una medida excepcional, ya que según las normas del Vaticano las desclasificación se hace a los 50 años de los hechos. “Es una respuesta que esperamos desde hace mucho tiempo”, afirmó Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gastón Chillier reclamó que los documentos sean de “acceso público”.
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