La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y que se dé cumplido homenaje y protección a todas aquellas personas que fueron asesinadas en España con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista, como se deduce de la circular de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a los fiscales jefes de las Audiencias Provinciales, a cuenta de las comisiones rogatorias remitidas por la jueza argentina María Servini de Cubría en la causa en que se investigan delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la postguerra.
 |
| Fosas de personas asesinadas en la guerra civil y el franquismo |
La asociación judicial recuerda a la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (BOE nuìm. 170, de 17 de julio de 1990), cuyo art. 28 exige prestar asistencia mutua en materia penal incluso cuando por cualquier razón los hechos no sean punibles, o, como dice la fiscalía española, los responsables estén muertos, haya prescrito el delito o esté amnistiado.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada