Las instituciones europeas, con el Banco Central Europeo (BCE) a la cabeza, defendieron y defienden que no había alternativa; que las entidades bancarias que se derrumbaron durante la crisis debían ser rescatadas con dinero público, y entre 2008 y 2015 esa inyección económica ya se había tragado cerca de 747.000 millones de euros, sumando distintos tipos de paquetes de rescate, recapitalizaciones y otras medidas. Un coste, en su mayoría financiado con la emisión de deuda pública, al que se suman 1,188 billones de euros comprometidos en avales sobre la deuda emitida por las entidades financieras, por lo que el montante total subiría considerablemente
De todas estas ayudas a la banca, con fecha de octubre de 2016, Eurostat daba por perdidos al menos 213.210 millones de euros; es el equivalente al PIB de Finlandia y Luxemburgo juntos, o al gasto anual en servicios de salud en España, Suecia, Austria, Grecia y Polonia, sumados. Esta pérdida correspondería en parte al incremento del déficit, al aumento de pago de los intereses por los rescates, y todo correría a cargo de los contribuyentes de los 28, que siguen escuchando – y en ocasiones apoyando- los argumentos de distintas fuerzas políticas a favor de estas medida
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