En cada etapa regresiva en la acumulación capitalista comienzan a endurecerse las políticas migratorias, y el derecho a migrar se transforma en una posibilidad restringida. El reciente DNU firmado por Mauricio Macri, que endurece las leyes migratorias y la creación de una cárcel para migrantes en nuestro país, pone de manifiesto un problema aún más profundo que el control de la migración y la delincuencia: la matriz culturalmente racista y colonialista que dirige estas medidas.
Por Leticia Corral para ANRed
En agosto del 2016, mediante un acuerdo entre el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, inauguraron la primera cárcel para inmigrantes en el país. Ésta resolución fue realizada con el fin de intentar "combatir la irregularidad migratoria”. Más allá de los eufemismos utilizados, la medida busca regular la "Inmigración considerada descontrolada", pero paradójicamente en vez de apuntar a la regulación de la situación de dichas personas, se focalizó en criminalizarlas.
Profundizando dicha medida, a fines de enero del 2017, el presidente de la Nación Mauricio Macri, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017) sin discusión parlamentaria, modifica la Ley de Migraciones que deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el “estado de sospecha”. “Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, manifestaba Amnistía Internacional
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