Ciudadanos procesados por delito de “enaltecimiento del terrorismo” cuando ejercían la libertad de expresión; casos de torturas y malos tratos no investigados a fondo; expulsión colectiva de personas inmigrantes cuando trataban de entrar desde Marruecos, de manera oficialmente considerada “irregular”, a Ceuta y Melilla; incumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a la reubicación y realojo de personas refugiadas; o la falta de cooperación con los jueces argentinos para aclarar los crímenes de la guerra de 1936 y la dictadura franquista. Son los principales “agujeros” en materia de derechos humanos que, en relación con el estado español, Amnistía Internacional señala en el informe de 2017.
Los casos relatados se refieren a 2016. Uno de los principales apartados incluidos en el documento “La situación de los derechos en el mundo” apuntan a las “restricciones injustificadas” a la libertad de expresión, información y reunión en España, derivadas de la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (también llamada “Ley Mordaza”) de 2015.
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