Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.
Sin embargo, estas aspiraciones enfrentan graves obstáculos. Las cifras mundiales sobre la realidad del trabajo, que presentan los documentos de la OIT y las Naciones Unidas, ofrecen brechas significativas entre el ideal buscado y las condiciones que se viven en el mundo del trabajo.
Veamos algunos datos:
780 millones de hombres y mujeres trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar ellos y sus familias el umbral de la pobreza de 2 dólares al día (trabajadores pobres). Más de 60 por ciento de todos los trabajadores no tienen contrato de trabajo alguno. Menos de 45 por ciento de los trabajadores asalariados están empleados a tiempo completo con un contrato a tiempo indeterminado, y esta proporción está disminuyendo. Para 2019, más de 212 millones de personas estarán desempleadas, frente a las actuales, 201 millones. 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, sólo para mantener el ritmo de crecimiento de población en edad de trabajar. Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11,4 millones de mujeres y niñas, y 9,5 millones de hombres y niños. El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento se encuentran entre los sectores más afectados. Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al trabajo forzoso.
En el marco de las celebraciones del Día Internacional del Trabajador, es necesario traer a cuenta los compromisos que los jefes de Estado han suscrito para enfrentar estos problemas, así como las exigencias éticas para que el trabajo constituya realmente un proceso de humanización
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