La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC. La sentencia no tiene efecto sobre los contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la amnistía fiscal de 2012, por la que muchas personas regularizaron el dinero que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales.
El Constitucional considera que la amnistía fiscal (aprobada por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo) vulneró la Constitución. En concreto, el artículo 86.1 que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
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