Los esfuerzos entre organizaciones humanitarias del norte y del sur han conseguido que algunas empresas adopten códigos éticos que mejoren las condiciones de trabajo y frenen los abusos de las multinacionales contra sus trabajadores en los países empobrecidos, cuyas legislaciones no protegen a los asalariados. La batalla por los derechos laborales se ha trasladado al escenario de la comunicación y la denuncia social, donde las grandes multinacionales son más vulnerables.
La lucha contra la explotación laboral globalizada comenzó en los años ochenta, cuando las ONG y los sindicatos se movilizaron a través de denuncias públicas que afectaban a la imagen corporativa de las empresas y ponían en tela de juicio su legitimidad ética. Las empresas del norte habían trasladado buena parte de sus actividades al sur donde las legislaciones eran permisivas y los salarios muy bajos. Pero nuestra sociedad ha contemplado sus acciones: salarios rastreros, condiciones infrahumanas, agresiones verbales y físicas, y situaciones de confinamiento. Hace años que Nike aceptó, pero parece que no se ha respetado siempre, un código de conducta después de una virulenta campaña desatada por sus desmanes en Indonesia, China, y Tailandia. Estudiantes contra las Fábricas de Sudor (Students against Sweatshops), una asociación universitaria estadounidense, obligó a la multinacional a publicar parte de la ubicación de sus subcontratas. Aún así, la opacidad ha sido una constante.
En 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) enumeró las empresas que habían redactado códigos éticos, el 90% pertenecientes a países del norte. Este éxito debe ser matizado y sopesado: sólo el 15% de los códigos mencionan la libertad de asociación y sólo el 25% se comprometen a no recurrir al trabajo forzado. Su aplicación es todavía una asignatura pendiente.
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