El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es el acontecimiento del que más se ha escrito en los 40 años de democracia. Pero el 23F es un caso cerrado. Las incógnitas que se abrieron esa madrugada nunca se han respondido.
El juicio que tuvo lugar un año después en los cuarteles de Campamento, demostró que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música. El tribunal que juzgaba el caso descartó investigar hasta el fondo, lo cual desgastó al Gobierno de Calvo-Sotelo, que reconoció que no quiso remover toda la mierda que había hecho aflorar el 23-F. Así, en apenas 18 meses se cerró un proceso en el que solo se vieron involucradas 34 personas.
Pero lo cierto es que aquel año de 1981, todo el mundo: los políticos, los periodistas, los militares, los empresarios, la casa real, los banqueros… querían que Adolfo Suárez saliera de La Moncloa, y poco importaban los medios para conseguirlo. Dos de los golpistas, los altos mandos militares Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, sonaron como presidentes de un “Gobierno de salvación nacional” que tanto los implicados como los presuntos implicados, tenían en su cabeza.
Armada y el miembro del CESID, José Luis Cortina, afines al rey Juan Carlos, fueron piezas clave en el juicio. Durante años, se especuló con que alguna vez contarían “su verdad” sobre el golpe. Pero eso nunca llegó. El objetivo principal, que era borrar a Suárez del mapa político, ya se había conseguido unas semanas antes. ¿Por qué entonces se llevó a cabo un golpe destinado al fracaso?
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