Cerca de treinta organizaciones nacionales e internacionales han suspendido a España a la hora de cumplir su obligación de garantizar el derecho a la salud o el trabajo, la prevención de la violencia machista y otras cuestiones sociales. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, la sociedad española de medicina y familia comunitaria, la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública, el Center of Economics and Social Rights, los sindicatos de comisiones obreras y UGT, la sociedad Española de salud Pública, SOS Racismo y Women’s Link Worldwide estuvieron presentes, así como periodistas de todos los medios comprometidos con los derechos humanos y profesionales expertos, quienes evaluarán el grado de cumplimiento de los estados del pacto internacional en esta materia.
Durante las jornadas se dió cuenta de la ineficacia para combatir la violencia sexual y de género, la falta de activación de un servicio de 24 horas para atender a las víctimas, y las razones por las cuales las autoridades españolas continúan fallando a la hora de dar cumplimiento al pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. También se analizaron las razones por las que ha adoptado medidas regresivas injustificadas, que han tenido como consecuencia que cientos de miles de ciudadanos hayan sido desalojados de sus hogares sin las debidas garantías en materia de salud.
El apartado más importante fue la enorme precariedad del empleo que hace que en España se encuentren en riesgo de exclusión social un 13 % de las personas que están laboralmente activas.
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