Desde hace años, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios públicos, se ha puesto en marcha la llamada “colaboración público-privada” (CPP) en el sector sanitario público.
Una CPP es un contrato realizado entre la administración pública y una o varias empresas privadas por el que:
• La empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio publico y
• La empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), mediante los pagos de la administración pública o una combinación de ambos.
De los datos de la experiencia en nuestro país pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:
Incremento de los costes
Hipotecan a la política sanitaria
Mala calidad de la construcción y equipamientos
Disminuyen el número de camas y el personal sanitario.
Eliminan el personal no sanitario
Empeoran las condiciones laborales
Externalizan o privatizan aspectos claves
Aumentan los costes para la población
Favorecen las corruptelas
Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud
La ciudadanía prefiere la gestión pública:
No sólo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fenómenos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen también; así, el último Barómetro Sanitario (2016), ante la pregunta de cómo esta mejor gestionada la sanidad pública el 68,9% contesta que si lo hace la administración publica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto el 71,1% en Cataluña y el 70,4% en Madrid).
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