No se debe descartar — puesto que se ha utilizado sistemáticamente— que el último recurso con que cuenta el régimen partidocrático autoritario mexicano encabezado por el PRI-gobierno y el PAN es el fraude electoral recurrente. Prácticamente en todas las anteriores elecciones presidenciales ha ocurrido esto sin obviar, por supuesto, la última que se verificó en el Estado de México (4 de junio de 2017) y que le otorgó la gubernatura al primo tercero de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, con el 33.56% del total de los votos, sin que la ganadora puntera del partido MORENA, Delfina Gómez Álvarez (con 30.78%) hiciera siquiera un gesto para denunciar y movilizar a su electorado que fue el que verdaderamente experimentó sus nefastos efectos. De aquí que el PRI esté acostumbrado a practicar esta ominosa conducta porque sabe que no va a ocurrir absolutamente nada dado el control del poder político que ejerce el Estado en sus diversos niveles: federal, estatal y municipal, sobre todo de los poderes judiciales del país.
Lo anterior, como lo sabe cualquier ciudadano de cualquier clase social (burgués, proletario, campesino, estudiante, profesor o indígena) porque el fraude es casi una ley implantada, incluso en la conciencia social, no escrita, de imposición e impunidad en México que goza de todas las garantías, entre ellas, la impunidad utilizada sistemáticamente por la burocracia política que representa los intereses del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano para socavar la voluntad popular y garantizar su dominación de clase.
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