En medio de una expectación que se extiende a toda Europa, ha dado comienzo en Madrid el juicio contra el gobierno de Cataluña que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017, con el fin de que la población votara a favor o en contra del derecho de Cataluña a decidir su destino como nación. Aquel 1 de octubre, estuve en Barcelona siguiendo las votaciones que fueron masivas. Desde el amanecer ya se formaron largas filas de electores que de modo pacífico esperaban la apertura de los colegios electorales. La policía autonómica catalana observaba sin intervenir. Pero como a las dos horas de abrirse las urnas la Guardia Civil y la Policía Nacional, ambos cuerpos dependientes del Gobierno Central, arremetieron con lujo de violencia en colegios electorales, robaron urnas y en o pocos casos las destruyeron, dejando a cientos de personas golpeadas y deteniendo a un buen número.
Sin embargo, a pesar de la represión, votaron más de dos millones de personas, un 45% del censo, con un resultado favorable al SI del 90,2% y un 7,8% favorable el NO. Siguiendo el mandato de las urnas, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña proclamaron la República Catalana el 27 de octubre. Sin embargo, la proclamación no tuvo efecto inmediato pues minutos más tarde los mismos órganos que la aprobaron la suspendían cautelarmente para abrir una negociación con el Gobierno español y lograr un desenlace acordado y no unilateral.
El Gobierno estatal del Partido Popular reaccionó aplicando el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía, lo que de hecho fue su suspensión de facto. Los hizo con el apoyo incondicional del PSOE y de Ciudadanos. Para llevar a cabo esta operación desplazó a Cataluña a miles de guardias y policías, expulsó de las instituciones catalanas a centenares de personas e inmediatamente inició una campaña para conminar a grandes empresas su salida de Cataluña, con el fin de ahogar su economía, cruzada en la que participó incluso el Rey Felipe II, quien personalmente llamó a algunos grandes empresarios y banqueros. Poco después serían detenidos hasta 12 miembros del Gobierno de Cataluña, no pudiendo hacer lo mismo con un número menor, incluido el presidente Carles Puigdemont, que se auto exilaron en Bélgica y Escocia.
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