Desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, en 2004, se ha reducido el número de víctimas mortales, que, aun así, entre mujeres y menores, ya sobrepasa las 1.000.
A menudo, hace falta un dato redondo, categórico, para que empiecen a agolparse los balances sobre una determinada realidad. Desde el 1 de enero de 2003 –momento en que comienzan a elaborarse estadísticas oficiales– y hasta hoy, 998 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de violencia machista, a la espera de confirmar un caso que se encuentra todavía en investigación.
Si tenemos en cuenta a las y los menores asesinados por sus progenitores –28 desde 2013–, la cifra de víctimas mortales por violencia machista asciende a 1.025. Sobrepasar el umbral de los 1.000 asesinatos –según datos del Gobierno– no confiere al asunto mayor gravedad de la que ya de por sí tiene. Sin embargo, sí supone un punto de inflexión para analizar los cambios que se han producido desde que en 2004 entrase en vigor la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, así como los objetivos que todavía quedan pendientes.
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