El problema es que el enfoque sobre la conservación y los recursos naturales en el Perú, que manejan muchas agencias del Gobierno y de algunas ONG es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, concretamente de sus derechos a sus territorios, tierras y recursos naturales.
En el caso de las Áreas Naturales Protegidas, en vez de excluir a los pueblos indígenas, que muchas veces son los grupos con la más larga y amplia historia de conservación, las agencias del gobierno deberían de reconocer la contribución enorme de ellos a la protección de estos territorios y de estos bosques.
Deberían aliarse con estos pueblos indígenas, contra los verdaderos enemigos de la conservación, que son las empresas que promueven la expansión ilimitada de las concesiones petroleras, mineras, madereras y agroindustriales.
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