Hablar de gobernabilidad es hablar de democracia y, sobre esta última, se ha escrito hasta la saciedad. Desde las formulación que de ella hicieron los griegos, en el siglo V a. C., pasando por la concepción de la democracia liberal clásica, hasta las formulaciones de la democracia como poliarquía, se ha abierto paso (y consolidado) una visión del orden democrático como un régimen político que, siendo perfectible, permite resolver problemas relativos al poder político que otros regímenes políticos no pueden o no saben como resolver. Uno de esos problemas espinosos es el del abuso del poder, que es una de las propensiones propias de quienes tienen una cuota del mismo en sus manos. Se trata de un abuso que puede traducirse en opresiones abiertas sobre la sociedad o en prácticas de corrupción fuera de control, por aquello de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton).
Para contener esa propensión al abuso del poder por parte de quienes lo ejercen la democracia inventó el mecanismo de la separación de los poderes estatales, de forma tal que entre ellos exista un control mutuo que limite y corrija sus excesos. A esto se le llama republicanismo democrático, el cual se fundamenta en un cuerpo constitucional que determina no sólo las atribuciones del poder público, en sus esferas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, sino las reglas y procedimientos de los pesos y contrapesos entre ellos.
El otro problema espinoso que un régimen democrático intenta resolver –y que en distintas situaciones difíciles resuelve bastante bien—es el de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Respecto de esta última, a lo largo de su evolución, el pensamiento democrático y los regímenes políticos democráticos han sido cada vez más sensibles a su complejidad y diversidad, lo cual quiere decir que han sido y son más sensibles a lo que puede emanar como necesidad, preocupación o demanda de los distintos actores y sectores sociales, lo mismo que a las respuestas que desde el Estado se puede dar a esas necesidades, preocupaciones y demandas.
En la interacción entre el Estado y la sociedad que, por serlo, se juega en dos direcciones: del Estado hacia la sociedad y de la sociedad hacia el Estado se responde a ese gran desafío de la democracia que es la gobernabilidad, es decir, la capacidad del Estado democrático para asegurar la estabilidad socio-política a partir de un procesamiento eficaz de las diversidades de demandas emanadas de la sociedad. Procesar demandas quiere decir hacer eco de las necesidades de los distintos sectores sociales y responder a las mismas con acciones estratégicas, o sea, con políticas públicas eficaces y eficientes.
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