Wai Wai Nu no había cometido delito alguno, pero a la edad de 18 años le comunicaron que tendría que ir a la cárcel. La joven acababa de empezar la carrera de Derecho, cuando a su padre le notificaron la sentencia de prisión, en la que estaban incluidos la madre de Wai Wai, su hermana, su hermano y ella misma.
La familia creyó que al cabo de algunos meses los pondrían en libertad, pero no fue así. Durante siete años tuvieron que soportar las condiciones de miseria y hacinamiento que prevalecían en la tristemente célebre prisión de Insein, en Myanmar (Birmania). A su hermano lo trasladaron a otra penitenciaría.
Según las autoridades, el delito de Wai Wai fue haber sido hija de Kyaw Min, un maestro de escuela y activista político del estado de Rakhine, en el occidente de Myanmar.
En los últimos decenios, el estado septentrional de Rakhine ha sido el epicentro de una crisis. La familia de Wai Wai forma parte de la marginada comunidad rohinyá, un grupo étnico de Rakhine que aún en la actualidad sigue siendo objeto de persecuciones y desplazamientos masivos. Desde mediados de 2017, casi un millón de rohinyás ha huido al vecino Bangladesh.
En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó la situación de “discriminación sistemática y restricciones generalizadas a la libertad de movimiento”, al presentar al Consejo de Derechos Humanos el informe elaborado por su Oficina.
“Cuando el juez dictó sentencia, no lloré, no quería mostrar tristeza ni debilidad. Tampoco quería que mis padres se sintieran culpables por lo que nos ocurría. Pero cuando llegué a la prisión con mi madre y mi hermana, estuvimos tres días llorando”, dijo Wai Wai.
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