Tres juristas cuentan cómo han llevado múltiples casos de discriminación contra la comunidad gitana.
Encontrar trabajo de enfermera auxiliar significó para Macarena (nombre ficticio) confirmar que podía despertar desconfianza entre ciertas personas por pertenecer a una comunidad minoritaria. Cuando en 2017 entregó el currículum en el hospital de Madrid en el que empezaría a trabajar, desde el departamento de Recursos Humanos le pidieron un certificado de delitos que “no era necesario para ese puesto de enfermera”, cuenta a El Salto Mari Carmen Cortés, abogada gitana del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. “Se lo solicitaron por ser gitana”, añade Cortés al recordar cómo desde este departamento asesoró a Macarena y la derivó a una abogada experta en la materia para hacer frente a ese requerimiento. El hospital terminó reconociendo que había cometido un ‘error’.
Este caso es solo la punta del iceberg de toda la discriminación que todavía oprime a la comunidad romaní en España y en otros países de Europa. A pesar de que Ostalinda Maya, jurista de la Open Society Justice Initiative, entidad de la ONG de derechos humanos Open Society Foundations, reconoce a El Salto que en política ha habido “avances” ahora que hay cuatro diputados gitanos en el Congreso (la mayor representación de la historia), aún falta mucho para alcanzar un horizonte en el que nadie se vea relegado de un empleo o una vivienda por sus orígenes.
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