El mediodía del 3 de julio de 2006, 43 personas murieron y 47 resultaron heridas al descarrilar una de las unidades del metro de València. Pocos días antes de la celebración del juicio, previsto para el lunes 27, los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Las víctimas celebran el resultado de 14 años de lucha: hay responsables, se reconoce que la gestión fue pésima y se ha trabajado para que no se repita.
No ha habido sorpresas de última hora: las víctimas del metro de València —el más grave de España y el quinto más grave de Europa— lo han conseguido. Se confirma que el hecho de que una unidad del tren de la línea 1 descarrilara, aquel 3 de julio de 2006 sobre las 13:00 horas, no fue culpa únicamente del conductor, fallecido en el suceso. Es lo que llevaba defendiendo la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) desde su fundación: los directivos de FGV, la empresa de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, tenían responsabilidad. Las medidas de seguridad eran insuficientes y no bastaba con culpar al último eslabón, sino que se debía seguir avanzando en la cadena hasta llegar a las personas que tomaban según qué decisiones.
Hoy, lunes 27 de enero, estaba previsto que se iniciara un juicio de unos seis meses de duración y para el que se esperaba que se citaran a declarar a casi 300 personas. Pero tres días antes de que su celebración, salió en prensa la noticia de que se había alcanzado un acuerdo entre la Fiscalía y la acusación que evitaría el largo y complejo proceso. Las víctimas están citadas en el Juzgado de lo Penal 6 de València a las 9:30 horas para ratificar el acuerdo, por el cual cuatro de los ocho acusados aceptan penas de cárcel de un año y diez meses —aunque no ingresarán en prisión— y se retira la acusación a los otros cuatro.
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