Colombia es en la actualidad el país del mundo donde más se vulnera la seguridad y la vida de personas integrantes de organizaciones y movimientos sociales y de excombatientes guerrilleros acogidos a un acuerdo de paz. Tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la mayor insurgencia, las FARC EP, en noviembre de 2016, su implementación preveía medidas adecuadas para retornar a un régimen garantista de los derechos. Al cesar esta guerra de inmediato descendieron casi en su totalidad los hechos bélicos y de violencia política, pero progresivamente se presentan asesinatos de activistas sociales, defensores de derechos y excombatientes amnistiados, de forma que su inusitado crecimiento constituye al momento una verdadera matanza: más de 700 asesinatos de liderazgos sociales del ámbito popular y más de 180 asesinatos de excombatientes de las FARC EP incorporados a la vida civil.
Esta situación significa la prolongación de la grave crisis en derechos humanos y derecho humanitario presentada en Colombia por más de cinco décadas, ocasionando nueve millones de víctimas, en el contexto de la guerra interna y la violencia política desatada, con responsabilidades directas del Estado, de los grupos paramilitares asociados o tolerados por él, de diversos actores de poder y de las guerrillas insurgentes. Resulta por tanto dramático el que al implementar el acuerdo de paz no se recuperen en consecuencia las garantías para la población y los excombatientes en las regiones que eran antes escenario de guerra, sino que por el contrario arrecie una nueva oleada de violencia política contra estos sectores.
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