Los obispos españoles parecen empeñados en ser una excepción, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de la Iglesia católica. Así, mientras la Conferencia Episcopal se niega sistemáticamente a pagar el IBI por sus edificios no destinados al culto, sosteniendo que no se trata de privilegio alguno, sino de un derecho, el mismísimo Vaticano ha anunciado que paga, anualmente, un total de 9,3 millones de euros a la Comunidad de Roma en tasas e impuestos inmobiliarios.
El modelo italiano, elegido por Calvo para España
De hecho, el modelo italiano es uno de los elegidos como ejemplo por la vicepresidenta Carmen Calvo para modificar la fiscalidad de la Iglesia española. Un modelo avalado por el Vaticano, como expuso en su día el secretario de Estado Pietro Parolin. En cambio, los obispos españoles continúan aferrándose a la Ley de Mecenazgo para negarse a pagar sus tasas, y menos aún si no lo hacen sindicatos, ONG, partidos políticos u otras iglesias.
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