Desde hace algunos decenios viene creciendo el clamor por un ingreso básico garantizado, que permita asegurar condiciones suficientes de subsistencia a todo ser humano, con independencia de su condición y sin contraprestación alguna.
La idea encuentra sus lejanas raíces en los visionarios humanistas del Renacimiento Tomás Moro y Luis Vives, quienes plantearon la necesidad de prevenir el hurto y la carencia de sustento, aún para aquellos “que han disipado sus fortunas a través de un vivir disoluto, a través de los juegos, las rameras, el lujo excesivo, la gula y los juegos de azar… porque nadie debe morir de hambre.”
La justicia de tal afirmación continúa teniendo validez quinientos años después, en un mundo en el que más de 113 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria aguda[2], 820 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su amenaza, según señala Naciones Unidas.
Tan sólo este hecho indudable justificaría el aserto sobre la imperiosa exigencia moral de instalar de inmediato un ingreso básico. Pero la idea de una vida digna, lejos de agotarse en la nuda necesidad del alimento, requiere la provisión de vestimenta, vivienda, salud, educación y múltiples servicios básicos. Todo lo cual se encuentra enumerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que no es trasladada sino muy lentamente por los Estados a derecho efectivo y continúa constituyendo un catálogo de aspiraciones colectivas
El actual escenario de capitalismo especulativo y producción tecnologizada ha hecho desaparecer por completo la posibilidad de pleno empleo, llevando a amplias mayorías a la precarización laboral y a un entorno vital de incertidumbre y falta de derechos. “Más de 1400 millones de trabajadores viven en esa situación de precariedad”, señalaba la OIT ya en 2018[3], precisando que “Tres de cada cuatro personas en los países en desarrollo se ve afectada por el empleo vulnerable.
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