La rentabilidad es uno de los fines que toda empresa busca para su desarrollo y crecimiento propio. Sin viabilidad económica, ésta sufre y, finalmente, cierra. El problema aparece cuando el abuso por arañar una mayor liquidez termina por convertirse en un debate moral entre pagar impuestos en el lugar donde opera o evitarlos mediante paraísos fiscales. Y más, si cabe, cuando este dinero procede de fondos públicos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que los países en desarrollo pierden al menos 100 millones de dólares al año por la evasión de impuestos de empresas privadas hacia paraísos fiscales. Una práctica cada vez más extendida, más cotidiana, y que se revierte en la falta de recursos para abastecer a la población de zonas concretas de sus necesidades más básicas.
“Uno de los objetivos reconocidos por el Banco Mundial es la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo”, afirma en conversación telefónica con infoLibre Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. Es por ello que no entiende por qué el organismo lleva años “proporcionando dinero a empresas que operan en países del África Subsahariana pero que utilizan paraísos fiscales sin un vínculo directo con su actividad principal”.
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