El día 10 o el 11 de mayo, el Senado apartará temporalmente a la presidenta Dilma de su mandato. Y, a continuación, en 48 horas ella debe refugiarse en el Palacio de Alvorada o en la Granja do Torto
Así como en la Cámara de Diputados, nadie consigue presentar pruebas concretas de que la presidenta haya cometido algún crimen. La acusación de las pedaleadas fiscales – realizadas por una abogada trastornada – es tan absurda que en la propia Cámara la mayoría de quienes la sostienen responden por procesos de corrupción y pueden ser casados por el Supremo Tribunal Federal. O sea, los votantes son los criminales. Y ahora lo mismo vuelve a suceder en el Senado. Quien es relator del proceso, el senador Anastasia (PSDB), hizo uso de las pedaleadas como procedimiento administrativo para transferir miles de millones de reales a lo largo de su mandato, cuando fue gobernador de Minas Gerais. El proceso es tan absurdo y político, que son los acusadores los que cometieron los crímenes que se le implican a la presidenta.
Pero, en el fondo, el verdadero objetivo de la burguesía es utilizar esos lumpen-parlamentarios apenas para abrir camino a la recomposición del neoliberalismo en Brasil. Ellos precisan recomponer sus tasas de lucro y seguir la acumulación concentradora de rentas y riquezas. Y para eso, precisan de tres condiciones:
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